En un rincón olvidado de Puerto Rico, más de 1,500 familias en los barrios de Espino y Quebrada Arenas, en San Lorenzo, han enfrentado décadas de vivir sin acceso a agua potable en sus hogares. Adultos mayores, la mayoría de la población, han dedicado sus vidas a buscar agua en ríos, recoger lluvia o depender de cisternas municipales. La realidad de estas comunidades montañosas, equivalente en tamaño a Cataño, se ha vuelto más precaria tras eventos como el huracán María y los terremotos de 2020.
Ahora, el gobernador Pedro Pierluisi ha anunciado un acuerdo de $85 millones entre el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para proporcionar finalmente agua potable a estos residentes. En una conferencia de prensa emotiva, los residentes, que han enfrentado incertidumbre y riesgos de salud, escucharon con esperanza sobre el proyecto financiado por el Programa para la Mitigación en la Infraestructura (CDBG-MIT). Las mejoras incluirán una nueva planta de tratamiento y sistemas de distribución en dos fases.
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A pesar de este anuncio positivo, la realidad es alarmante. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, existan personas en Puerto Rico viviendo en estas condiciones, sin acceso a servicios esenciales como el agua potable? ¿Es acaso la falta de empatía gubernamental o la evidencia de una nula comunicación entre las entidades gubernamentales? Resulta sorprendente que ni un solo funcionario público, incluyendo al alcalde, haya atendido esta necesidad básica en uno de sus propios barrios. Este episodio destaca, una vez más, la ineficiencia, falta de profesionalismo y la contradicción con la definición misma de un servidor público.
Fuente: Primera Hora